Designación judicial de perito calígrafo: cómo funciona

Las dos vías, y qué cambia entre ellas

Un peritaje caligráfico puede entrar en un procedimiento de dos maneras, y la diferencia no es de categoría, es de quién elige, quién paga y cuándo llega.

En el informe de parte, usted o su abogado eligen al perito, le entregan el documento, hablan con él, saben el resultado antes de que lo sepa nadie y deciden si lo aportan. Empieza el día que se encarga y el precio se cierra por adelantado. Si el resultado no le favorece, no está obligado a presentarlo.

En la designación judicial no elige usted. El nombre sale de una lista y el perito trabaja para el tribunal: nadie sabe lo que va a concluir, tampoco quien pidió la prueba. A cambio, el dictamen llega al procedimiento sin que nadie pueda decir que lo pagó la parte interesada en el resultado, que es exactamente el reproche que se le hace a los informes de parte en las vistas.

Conviene decir una cosa que no siempre se dice: pedir un perito judicial no es una garantía de nada. El sorteo puede dar con un profesional excelente o con uno que atiende el encargo con menos tiempo del que merece, y usted no habrá podido comprobar nada de antemano. Lo que puede mirar antes de contratar a un perito de parte está en cómo elegir un perito calígrafo.

De dónde salen los nombres: las listas y el sorteo

Es la parte que más sorprende, porque la gente imagina que el juez llama a alguien de confianza. No funciona así. El artículo 341 de la LEC ordena que en el mes de enero de cada año se pida a los colegios profesionales, y a las entidades análogas y academias con profesiones colegiadas, el envío de una lista de colegiados dispuestos a actuar como peritos. Esa lista es la que usa el juzgado durante todo el año.

De esa lista, la primera designación se hace por sorteo ante el letrado de la Administración de Justicia, y las siguientes se van haciendo por orden correlativo a partir de la que salió sorteada. Es decir, es un turno: no se elige, se va corriendo la lista. Cuando se trata de una materia para la que no hay colegio profesional, la ley prevé acudir a una lista de personas entendidas en esa materia, que es lo que permite el artículo 340.1 cuando no existe titulación oficial.

Dos consecuencias prácticas de esto. La primera: las listas son por ámbito territorial, de modo que el juzgado de un partido judicial tira de los colegiados de su zona. La segunda: estar en la lista no es un mérito ni una acreditación de calidad, es haberse apuntado. Quien le diga que es «perito del juzgado» como si fuera un título está contando otra cosa de la que parece.

Aceptación, juramento y el reloj que empieza a correr

Una vez que sale el nombre, el letrado de la Administración de Justicia se lo comunica al perito, que dispone de cinco días para decir si acepta el cargo. Si acepta, se efectúa el nombramiento y el perito manifiesta bajo juramento o promesa que actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes (art. 335.2). Esa declaración no es una fórmula vacía: un dictamen que no la lleve es atacable solo por eso, y vale tanto para el perito judicial como para el de parte.

Si el perito no acepta —porque no puede atenderlo en plazo, porque está incurso en causa de abstención o porque el asunto no es de su especialidad— se llama al siguiente de la lista. Rechazar un encargo que no se puede atender bien no es un defecto: lo contrario sí lo es.

La provisión de fondos: donde se paran la mitad de las periciales

El artículo 342.3 permite al perito designado solicitar, en los tres días siguientes a su nombramiento, una provisión de fondos a cuenta de la liquidación final. El tribunal resuelve, y la parte o partes que pidieron la prueba tienen cinco días para abonar la cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.

Lo que casi nadie anticipa es lo que ocurre si no se abona: el perito queda eximido de emitir el dictamen. La prueba, sencillamente, no se practica. Y no se practica en el peor momento posible, con el procedimiento ya en marcha y sin tiempo de buscar otra cosa. Por eso, cuando alguien plantea pedir perito judicial para ahorrarse el informe de parte, lo primero que hay que decirle es que el desembolso llega igual, solo que más tarde y sin precio cerrado por anticipado.

Al final del procedimiento, los honorarios de los peritos son costas del proceso (art. 241.1 LEC), de modo que una condena en costas puede devolver ese dinero. Hay también casos exentos: quien tiene reconocido el derecho a justicia gratuita puede pedir la designación judicial sin anuncio previo y sin soportar ese coste.

Lo que decide el resultado no cambia por ser judicial

Aquí conviene bajar de la ley a la realidad del trabajo. Que el perito lo nombre el juzgado no mejora el material con el que va a trabajar. Si el documento discutido es una fotocopia y solo hay dos firmas de comparación de hace quince años, el perito judicial llegará exactamente a la misma conclusión prudente a la que llegaría cualquiera, y se habrán gastado el dinero y los meses para oír un «no concluyente».

Por eso, cuando se va a pedir una designación judicial, merece la pena preparar antes el terreno: localizar el original, pedir por escrito a quien lo tenga que lo conserve y reunir la serie de firmas de comparación. Qué sirve y qué no sirve está detallado en documentos indubitados, y la mecánica de la prueba de cotejo, en cotejo de letras. Si hace falta escritura de alguien que no quiere darla, el juez puede ordenar que se forme cuerpo de escritura, y conviene pedir que el dictado lo prepare el perito.

Entrega, traslado y juicio

El perito emite el dictamen por escrito y lo hace llegar al tribunal en el plazo señalado. El letrado de la Administración de Justicia da traslado a las partes, que pueden manifestar si consideran necesaria la presencia del perito en el juicio o en la vista. Si se pide, el perito comparece y entonces puede ser interrogado sobre el método, sobre el material y sobre el alcance de sus conclusiones (art. 347).

Esa comparecencia es la prueba de fuego de cualquier dictamen, y es también donde se distingue el informe hecho con método del informe hecho para agradar a quien paga. Un perito que ha explicado por escrito qué examinó, en qué orden y con qué limitaciones responde sin problema; uno que concluyó más de lo que el material daba de sí, no. Qué mirar en un dictamen y cómo leerlo en cinco minutos está en informe pericial caligráfico.

Entonces, ¿qué conviene pedir?

No hay una respuesta única, pero sí una regla razonable. Si el asunto es económicamente importante y el documento original está disponible, lo habitual es empezar por un informe de parte: se sabe pronto si se tiene razón, y eso permite decidir si merece la pena pleitear. Si el resultado es favorable, se aporta; si no lo es, se ha ahorrado un pleito perdido, que es la mejor noticia que puede dar un peritaje.

La designación judicial tiene sentido cuando se quiere un dictamen que nadie pueda presentar como comprado, cuando la otra parte ya ha aportado el suyo y se busca un tercero en discordia, o cuando se tiene reconocida la justicia gratuita. Y nada impide combinar las dos: es frecuente, y no se estorban.

Si tiene dudas sobre cuál le conviene en su caso, lo miramos antes de que gaste nada. Trabajamos como peritos de parte en toda la Región de Murcia y la provincia de Alicante. Estamos colegiados con el número 4828 en el colegio profesional del que salen las listas que se remiten a los juzgados de la Región, y lo que eso significa exactamente, sin adornos, está explicado en peritos calígrafos en Murcia.

Preguntas frecuentes sobre la designación judicial de perito